Declaración Final del Plenario Final
La solidaridad, la justicia, la democracia y la paz, son esenciales para construir el patrimonio común de toda la sociedad. En este marco la Educación Pública estatal, es fundante de esa conciencia social. Afirmar estos valores centrales para un desarrollo sostenible y armonioso conlleva a redoblar los esfuerzos por deconstruir estereotipos fragmentadores y violentos en el campo de las relaciones sociales.
La Educación es un Derecho Humano fundamental. Para que realmente los y las habitantes del país accedan a ese derecho a lo largo de toda su vida, es deber del Estado implementar medidas que lo garanticen. En un contexto de diferencias socioeconómicas que condicionan la formación de las personas, exigir al sistema educativo que solucione dicho condicionamiento es imposible sin la transformación profunda de las estructuras sociales que las originan.
Debemos impulsar una educación democrática y democratizadora. Con un ejercicio de la democracia desde la elaboración de políticas hasta el quehacer de las tareas de aula.
La construcción de una ciudadanía crítica, formadora de conocimientos en todas las áreas del desarrollo humano es fundamental para el avance productivo, la justicia social y el protagonismo político de los y las uruguayas. Es imprescindible avanzar hacia una educación politécnica integral.
Algunos aspectos relevantes para poner en práctica este enfoque son: la asignación de los recursos económicos necesarios, el protagonismo de docentes y estudiantes comprometidos con la perspectiva transformadora, el involucramiento de la ciudadanía, la incorporación a las políticas institucionales de las resoluciones de los Congresos Nacionales de Educación Mtro. Julio Castro y Mtra. Reina Reyes y asegurar el carácter vinculante de los mismos.
Este Plenario Nacional afirma que, para el ejercicio de la democracia y la elaboración de políticas educativas generales, los Congresos Nacionales de Educación son un instrumento que se debe potenciar y desarrollar desde todos los ámbitos.
La educación, formadora de ciudadanía, es una dimensión imprescindible a tener en cuenta para la profundización de la democracia y la construcción de una sociedad donde primen las ideas de libertad, igualdad, trabajo, solidaridad, justicia y paz.
En este sentido debe ser una tarea constante trabajar por el acceso realmente universal de la población a todos los niveles de la educación pública, educación plural, democrática e inclusiva que, debe incorporar a todos y todas apuntando al desarrollo de todas sus potencialidades.
Es imprescindible que los agentes constructores de la educación, que responden a las cuestiones del por qué y cómo educar, sean actores partícipes del proceso educativo. Por ello, reafirmamos la posición de trabajar para la construcción de la autonomía y cogobierno para toda la educación pública, apuntando a la participación y al poder de decisión real de los actores del proceso educativo a través de los diversos órdenes, en todos los niveles de la educación.
En estos espacios de socialización política es donde todos los actores aprenden a debatir, construir y hacerse cargo de las políticas educativas, siendo especialmente importantes para el orden estudiantil.
Respecto al Plan Nacional de Educación, afirmamos que la propuesta educativa pública y privada debe ser descentralizada a todo el país, procurando la igualdad sustantiva en la educación de las y los uruguayos.
Un Plan Nacional con modalidades diferentes, sin que estas se transformen en incontables planes, programas o proyectos, respetando las especificidades de cada contexto.
Impulsar que se concrete, en esta legislatura, la ley que crea el ente autónomo Universidad Nacional de Educación. Que la misma consagre la autonomía y el cogobierno de sus órganos nacionales, regionales y locales. Asimismo, y como elemento imprescindible, se deberá dotar al nuevo ente de presupuesto necesario para su implementación y funcionamiento.
Conforme a lo antedicho afirmamos que, las políticas educativas necesarias requieren recursos mayores que los hoy resueltos por el Poder Ejecutivo. Si bien la inversión en infraestructura ha sido muy importante, la misma todavía no alcanza porque hay edificios que no habían tenido mantenimiento por décadas. Por otra parte, debe cuidarse que el edificio para educar tenga las características adecuadas a la población a atender, con espacios que aseguren que la educación integral sea una realidad y contemplando especialmente la accesibilidad de personas en situación de discapacidad.
Para concretar la educación que aspiramos debemos continuar exigiendo un presupuesto acorde a las necesidades del sistema educativo, no menor al 6% del PBI para ANEP, UdelaR y UTEC.
No se puede ignorar que el Estado realiza una importante resignación tributaria a la educación privada. Por esa vía los contribuyentes entregan recursos a los sectores de mayores ingresos de la sociedad.
Reafirmamos el compromiso de continuar forjando un sistema educativo nacional, descentralizado, público, estatal, autónomo, cogobernado e integral; con los recursos necesarios para su consolidación.
La educación pública es y será siempre, una tarea de nuestro Pueblo.
Diciembre de 2017.
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